La adopción de la planificación por el Estado latinoamericano: La creación de la Alianza para el Progreso, las asesorías y recomendaciones a los gobiernos de la región por parte de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y la Conferencia de Países Latinoamericanos realizada en Punta del Este en 1961, bajo el patrocinio de la OEA, donde, entre otros resultados, se hace pública la Alianza para el Progreso. Todas recomendaban la metodología de elaboración, disposición y ejecución de planes nacionales para abordar el desarrollo económico-social y obtener cooperación financiera.
Siguiendo a Carlos A. de Mattos (1987), podemos decir que la planificación, en esta época, en América Latina, estuvo orientada por tres elementos básicos que le dieron concreción: El «voluntarismo utópico», que significó la formulación y construcción de planes con marcada inserción de la ideología del planificador y la identificación de ésta con planificación del desarrollo, orientada por la concepción estructuralista. El planificador era visto como agente de transformación y, como consecuencia de ello, tenía cierta autonomía para actuar. Esta concepción ocultaba la ideología e intereses de los sectores dominantes en la elaboración e implementación de las estrategias de un proyecto político o Plan Nacional y, por ende, en la orientación misma del proceso de planificación.
Un segundo elemento se define como «reduccionismo economicista», esto es, una visión de la planificación, que centraba su atención en el análisis y tratamiento de variables económicas a través de instrumentos de política económica. Sin embargo, se dejan fuera del análisis las particularidades del proceso político -relacionado con los conflictos de interés dentro y fuera de la estructura estatal- de los distintos actores socio-políticos, debido a las orientaciones y efectos de la toma de decisiones públicas. Por último, la planificación estará marcada por el «formalismo», el cual está referido a los procedimientos y organismos adoptados para instituir y llevar a cabo el proceso de planificación. Tal concepción dio como resultado la planificación por etapas, originada en organismos centrales de planificación. Organismos que en el tiempo expresaron un aislamiento con respecto a otras instancias y oficinas públicas, a tal extremo que llegaron a constituir «islas» en la compleja estructura decisional del Estado.
La concepción de la planificación -basada en los aspectos anteriores- se relacionaba con la del Estado, difundida, fundamentalmente, por la CEPAL. Al Estado se le atribuía el papel protagónico en el desarrollo, por cuanto era quien formulaba y llevaba a la práctica la racionalidad mediante un plan de desarrollo. A partir de esa visión, el Estado contenía los siguientes rasgos: Unidad y coherencia interna, autonomía frente a otros agentes, poder político y económico, capacidad técnico-administrativa y control de las relaciones externas.
De igual manera la concepción de la planificación sería el reflejo de las características de la economía latinoamericana. La existencia en la región de una economía mixta, que se caracterizaba por la presencia de un sector público gerente de grandes empresas y un sector privado heterogéneo y con medianas y pequeñas empresas. Pero, en definitiva sería el Estado el actor principal que asumiría la necesidad de coordinar la desigual conformación de esa economía, y el que impulsaría su desarrollo, a través de planes que dieran orden a la dinámica del espacio económico y del proceso productivo -patrón de acumulación-. Además, el Estado tendría que regular las relaciones con la sociedad, mediante un proceso en el cual se determinaría la dominación política y la legitimidad de la acción estatal y del sistema en su conjunto -patrón de hegemonía-. En este marco, que caracteriza las relaciones Sociedad-Estado en Latinoamérica, se inserta la planificación como un instrumento político de intervención del Estado en la economía y en la sociedad. Es aquí donde se produce un proceso de influencias recíprocas entre la planificación y el contexto socio-político.
Hasta épocas recientes y de acuerdo a la evolución y desarrollo particular de la participación en las estructuras de decisión estatal, la planificación se concentró en la elaboración de planes cortoplacistas, que daban soluciones técnicas a problemas coyunturales de balanza de pagos, y de planes de mediano y largo plazo, que resolverían desequilibrios sociales -referidos a la producción y distribución-, con la intención de lograr «desarrollo con bienestar» (Graciarena, 1990). De esta manera, la práctica de la planificación en Latinoamérica estaría orientada por el «deber ser», por la «norma» ante el cálculo predictivo para poner énfasis en la velocidad del crecimiento económico y -posteriormente- sobre problemas estructurales que lo obstaculizaban.
Esa concepción de la actividad se concreta en la Planificación Normativa, la cual fue ampliamente difundida e inducida por la CEPAL a los gobiernos de la región y desarrollada por muchos organismos de planificación hasta la década pasada. Sin embargo, los objetivos del «crecimiento normativo» -que evadía el proceso social para el cual se proponía- pronto quedarían como decorado para los discursos y programas de gobierno del populismo latinoamericano. Tales propuestas, de carácter meramente demagógico, no debilitaban el entramado de relaciones establecidas por los actores como factores de poder que orientaban y dirigían las decisiones públicas, pero influirían de manera opuesta en la viabilidad social y política del proyecto de desarrollo propuesto. Al respecto Graciarena apunta:
«... el enfoque del desarrollo contenía elementos utópicos cargados de ideología, aspiraciones voluntarias y tecnocráticas adscritas a una serie de objetivos ambiciosos cuya concreción no se alcanzaría a menos que fuese favorecida por condiciones históricas sobre las que actuase una resuelta voluntad política». (1990: 55).
Como resultado de esa situación, el Estado desarrollista y sus órganos de planificación se convertirían en mecanismos facilitadores de privilegios y proteccionismo a una producción industrial que se transnacionalizaba por medio de los vínculos establecidos entre los sectores económicos nacionales con los externos. Estos últimos fueron quienes mayormente se aprovecharon de las ventajas otorgadas a la industria nacional, ya que estaban respaldados debido al supuesto de que satisfacían la demanda nacional y sustituían importaciones. Estas características de la industria «nacional» imposibilitarían la viabilidad política de cualquier propuesta autónoma que intentara derrumbar el muro establecido por las relaciones de capital, reducir desequilibrios sociales originados por éstas, y legitimados por la orientación de las políticas públicas, lo que en palabras de Graciarena, sería:
«... un cepalismo "asociado" que vinculaba cada vez más estrechamente a importantes sectores del capital nacional con las corporaciones multinacionales esfumaba la posibilidad de una respuesta política efectiva» (1990: 60).
El rol asumido por el Estado en Latinoamérica define un contexto socio-político que hace posible la formulación y adopción de proyectos políticos de los sectores hegemónicos. En consecuencia, el Estilo de Desarrollo Nacional sólo recoge los intereses de un sector de la sociedad y la relación entre planificación y contexto socio-político se convierte en uniactoral y, como consecuencia, la planificación y el Plan de Desarrollo se traducen en instrumento de los intereses predominantes, portadores de suficientes recursos de poder para imponerlos en una dinámica histórica concreta. Por esta vía el Estado legítima el consenso en torno a las concepciones y proyectos asociados a determinados intereses de clase. Igualmente otorga una relativa viabilidad política y física, que entrará en contradicción con las aspiraciones y necesidades de las mayorías excluidas -la viabilidad social.
Hoy en día en Venezuela la Inserción de las estructuras planificadoras en los procesos de producción y reproducción está enfocada en los siguientes aspectos:
· La sustitución de la cultura del trabajo creador y productivo por la subcultura de la corrupción y el soborno como medios de acelerada acumulación de bienes y riqueza monetaria, extendida en importantes sectores de la sociedad.
· Todos los venezolanos están llamados a ser protagonistas en la construcción de una sociedad más humana. Esto nos los dice el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica, pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común...
· La suprema felicidad social es la visión de largo plazo que tiene como punto de partida la construcción de una estructura social incluyente, formando una nueva sociedad de incluidos, un nuevo modelo social, productivo, socialista, humanista, endógeno, donde todos vivamos en similares condiciones rumbo a lo que decía Simón Bolívar: la suprema felicidad social.
· Las bases de las políticas de la construcción de una nueva estructura económica y social incluyente están contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en las tradiciones de lucha del pueblo venezolano y en la voluntad política del actual gobierno de avanzar hacia la construcción del socialismo.
· Las relaciones sociales de producción del socialismo están basadas en formas de propiedad social, que comprenden la propiedad autogestionaria, asociativa y comunitaria; permaneciendo formas de propiedad individual y pública.
· La estructura social está conformada por un entramado de relaciones sociales permanentes y recurrentes, que ordenadas jerárquicamente en cuanto al poder, la riqueza, el conocimiento y el prestigio, determinan situaciones diferenciadas en la satisfacción de las necesidades sociales y en la distribución de la riqueza y del ingreso.
· La estructura social de Venezuela está en proceso de transición hacia una formación económico social más incluyente, porque el gobierno está ejecutando, especialmente con las Misiones, un proceso de inclusión social masivo y acelerado, financiado por la nueva forma de utilizar la renta petrolera, lo que ha permitido avanzar en la cobertura y la universalización en la satisfacción de necesidades de identidad, alimentación, salud, educación, vivienda y empleo.
· A la diversidad biológica, de edad, étnica y de género se le han sobrepuesto históricamente desigualdades sociales, reproducidas por un Estado al servicio de los intereses del capital en detrimento del trabajo, que han contribuido al aumento de las limitaciones en las capacidades individuales y colectivas, requeridas para el disfrute de los derechos humanos y sociales.
· La política de inclusión económica y social forma parte del sistema de planificación, producción y distribución orientado hacia el socialismo, donde lo relevante es el desarrollo progresivo de la propiedad social sobre los medios de producción, la implementación de sistemas de intercambios justos, equitativos y solidarios contrarios al capitalismo, avanzar hacia la superación de las diferencias y de la discriminación entre el trabajo físico e intelectual y reconocer al trabajo como única actividad que genera valor y por tanto, que legitima el derecho de propiedad. Todo orientado por el principio de cada
· Cual según su capacidad, a cada quien según su trabajo.
· La satisfacción de las necesidades sociales está vinculada con el sistema de producción-distribución de bienes y servicios, porque sólo en la medida en que los trabajadores en Venezuela contribuyan con la producción de la riqueza social según sus capacidades, con el desarrollo de sus potencialidades creadoras, aumentan las probabilidades de satisfacer las necesidades sociales. Y, el principio a cada quien, según sus necesidades se basa en la calidad de la satisfacción, comenzando por satisfacer las necesidades sociales básicas y superar las brechas y déficit persistentes.
· La inclusión social adquiere su más elevado desarrollo cuando el modo de atención es personalizada para los grupos sociales en situación de máxima exclusión social y está orientada hacia el autodesarrollo de las personas, las comunidades y sus organizaciones, lo cual implica prácticas democráticas, responsables y autogestionarias, por parte de los involucrados.
· El modo de producción capitalista no sólo estratifica a los seres humanos en categorías sociales irreconciliables, sino que impone un uso irracional y ecológicamente insostenible de los recursos naturales.
· El capitalismo ha socavado las condiciones de la vida en la Tierra. El impacto de las actividades humanas ha superado con creces la capacidad de carga del planeta, y son precisamente los pobres los que más se ven afectados por la degradación ambiental.
· El desarrollo del capitalismo ha generado una profunda desigualdad entre el campo y la ciudad, impulsando la concentración desordenada e insostenible de la mayor parte de la población en grandes ciudades, y el abandono del campo. Es necesario equilibrar las relaciones urbano- rurales y crear un nuevo modelo de ciudades socialistas planificadas e integradas de manera sostenible con la naturaleza.
· La implementación de un modelo de desarrollo que coloque al ser humano en el centro de su atención debe reconciliar su relación con el medio ambiente, impulsando un modelo de producción y de consumo que ponga límites al crecimiento sin postergar los derechos de los pobres.
· La educación ambiental debe permear todos los estratos sociales y todos los niveles educativos
· Fomentar la participación organizada del pueblo en la planificación de la producción y la
· socialización equitativa de los excedentes
· Incrementar la participación de los Consejos Comunales en la planificación y control de la
· economía.
· Vinculación de los Consejos Comunales a procesos económicos locales
· Consolidación de redes socio-productivas de la economía solidaria
· Fomento de experiencias económicas auto gestionarias
· Establecer mecanismos administrativos y de control socialistas de socialización excedentes
· Promoción de centros de intercambio socio-productivo
· Fomento de experiencias de monedas sociales locales
· Sistematización de experiencias de mecanismos administrativos propios del pueblo
· Apoyar el equilibrio entre productores, poder popular y el Estado en la planificación, gestión económica y distribución de excedentes
· Activación de procesos auto gestionarios en la gestión pública
· Desarrollo de un sistema de intercambio de experiencias
Publicado por: Lic. Yuriska Perdomo
