domingo, 10 de julio de 2011

Modelo Productivo Socialista – Análisis del Impacto desde la Perspectiva de una Empresa Pública, Empresa de la Economía Social y Empresa Privada.


Por: Francisco Pérez.

        El Modelo Productivo Socialista es una directriz fundamental enmarcada dentro del Proyecto Nacional Simón Bolívar (PPS) 2007 – 2013, tal vez la de mayor impacto de todas, porque su enfoque plantea un desarrollo económico distinto , radicalmente opuesto a las estructuras jerárquicas y la división social del trabajo, así como el destino de la riqueza y el excedente económico. Se propone un cambio en la forma de conducir las actividades productivas, las relaciones sociales de producción, la forma de propiedad de los distintos medios y la naturaleza de los mismos.

          Dentro del PPS se vinculan el impacto de las medidas planteadas en cada una de las modalidades de producción ( Empresas del Estado, Empresas de Economía Social, Empresas Mixtas, Empresas Privadas) así se destacan cinco grandes elementos del impacto: El trabajo, la gestión, los excedentes, la producción y las finalidades.

          Las Empresas del Estado son las llamadas a realizar una transformación superior a las de Capital Privado, porque deben convalidar sus propósitos, hacerlos cónsonos con lo enmarcado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), sanearse en cuanto al trabajo por hacer y al realizado, restablecer las relaciones obrero-patrono, sincerar sus finanzas, operar con honestidad, ejercer mecanismos de contraloría eficaz, reducir la burocracia, establecer vínculos estratégicos con otros tipos de empresas de forma equitativa, logrando así vencer los principales obstáculos que surgen del sector político y social.

          En cuanto a las Empresas de Producción Social el trabajo se orienta de forma tal que es la participación en la producción y no la reproducción del capital lo que va a marcar la diferencia entre los demás tipos de empresas, la gestión colectiva está planteada en el concepto mismo de las Empresas de Producción Social, pues elimina la división social en el trabajo, la producción se orienta hacia la satisfacción de las necesidades de bienes y servicios, todo bajo el principio de desarrollo sustentable, por lo que los excedentes se rigen por mecanismos legales que permiten la redistribución de los mismos de manera colectiva, con visión de futuro y como ejercicio de soberanía.  Éstas constituyen base estratégica por vincular al trabajo liberador y dando nacimiento a la construcción de redes socio productivas.  

          El Modelo Productivo Socialista debidamente legitimado, partiendo de la CRBV en su Artículo 3, donde la educación y el trabajo son componentes esenciales del desarrollo individual y social, de la mano con la Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, constituyen un mecanismo cohesionado de inclusión social y desarrollo sustentable, con base a un cambio de paradigma, o proceso de transición, socio-económico en los sistema de producción.   

Ahora bien, el impacto sobre las Empresas de Capital Privado, viene dado por dicho cambio de paradigma planteado en el PPS, ya que partiendo de la nueva estructura que éste enmarca se regula de forma eficaz, a través de procesos contralores, la inclusión social de los trabajadores, el pago efectivo de los impuestos en el llamado proceso de redistribución y como punto de discordia; los márgenes de ganancia, ya que por un lado se evita la fuga de capitales nacionales y por el otro, las ganancias particulares de los accionistas de las empresas privadas, haciendo que dichas ganancias sean acordes con las inversiones realizadas en incremento al bien común del colectivo social, todo esto dentro de los lineamientos del modelo de producción que adopta la República Bolivariana de Venezuela en búsqueda de la Suprema Felicidad.

          El punto de quiebre se presenta en la reeducación del inversionista privado, es decir, su capital en el proceso de producción es necesario, por lo cual gozará de todas las garantías de protección, sin embrago; sus políticas de inversión deben adecuarse a los lineamiento y estructuras político-económicas y sociales del país; a su idiosincrasia y al entorno propio. Generando de este modo beneficios de carácter colectivo, comunitarios y sociales a todos los implicados en el proceso de producción que maraca la estructura a seguir para el desarrollo y fin esencial del Estado de Derecho contemplado en la CRBV y en la redistribución de nuestros recursos, a todos sin discriminación.  

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