Por: Lcda. Anmy Sepúlveda
La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos" (Jiménez, 1982)
Existen diferentes herramientas y técnicas para abordar la planificación de un proyecto, las cuales permiten definir el curso de acción a seguir, que será tomado como base durante la ejecución del mismo.
La planificación social puede definirse así partiendo de la premisa de que un sistema social consiste de una infra-estructura material, una estructura social y una super-estructura, la planificación social es el uso de las teorías y métodos de la planificación para alterar con un fin específico algún elemento del sistema social. Es importante destacar que los objetivos de la planificación, así como la capacidad de llevar a cabo dicha planificación, son a su vez delimitados por el sistema social. Por ejemplo, la posición en la estructura social del planificador (y de quienes controlan las agencias de planificación) limitan los propios objetivos de la planificación.
Según la Ley Orgánica de Planificación de fecha 13 de noviembre del 2001, en su artículo 2. Se entiende por planificación, la tecnología permanente, interrumpida y reiterada del Estado y la sociedad, destinada a lograr un cambio estructural de conformidad con la Constitución de la Republica. Asimismo , la planificación como mandato esta declarada en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, para el desarrollo local, entendiéndose local, no a nivel municipal sino a nivel de Estado, desde la estructura de organismos de planificación a instancias nacionales, estadal y municipal, con consideraciones parroquiales y comunitarias. Las oportunidades de desarrollo local que ofrece la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela pueden determinarse a partir del análisis y distribución de los poderes públicos, Venezuela cuenta con una estructura de poder publico de acuerdo a la normativa constitucional, se distribuye entre el poder Municipal, Estadal y Nacional. Con esta división y distribución de poderes se ofrece una senda a la descentralización de actividades y se procura garantizar decisiones que sean el resultado de un trabajo en conjunto que vaya de la gestión local y regional a la nacional. El desarrollo local hay que verlo desde el enfoque, con el territorio como una unidad de actuación para considerarlo como el eje de las políticas publicas de desarrollo, en cuestiones relacionadas con la introducción de innovaciones en los sistemas productivos locales, el diseño de adecuados programas de formación de recursos humanos según las necesidades locales, considerando la movilización y participación de los actores territoriales públicos y privados orientados a asegurar mejores condiciones de vida de la población, tratando de centrase fundamentalmente en la mejor utilización de los recursos a fin de promover nuevas empresas y puestos de trabajo. En este orden de ideas cuando hablamos de las estructura de planificación a instancias nacional, estadal y municipal, necesariamente nos tenemos que referir a la descentralización.
Velazquez (2001) plantea la descentralización como un proceso de distribución del poder desde el centro hacia la periferia, que coadyuva que las colectividades territoriales asuman su propio destino.
En Venezuela, la descentralización intenta dar racionalidad al proceso de toma de decisiones y de asignación de recursos para así buscar una mayor participación de los gobiernos regionales y del ciudadano común en el proceso del desarrollo de las estructuras planificadoras, con propósitos de mejorar la sostenibilidad del desarrollo económico social, por lo que hace vital la integración y participación de las comunidades.
La Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela vigente contempla tres de los niveles de los consejos de planificación que son: el consejo federal, los consejos estadales y los consejos locales. Posteriormente en la ley de los consejos locales se crean los comunales y los parroquiales, complementando los cinco niveles de planificación. Los consejos comunales es Uno de los avances de esta nueva estructura de planificación, en lo cual el Estado implemento los presupuestos participativos. Estos consisten en la participación organizada de los consejos comunales y las organizaciones civiles en el plan de inversión y el plan de desarrollo de la nación.
Planificar estructuras en los procesos de producción y reproducción de la sociedad supone siempre una intervención del Estado en el proceso socio-económico para la adecuada planificación mediante la inserción e implementación de políticas publicas. Dentro de estas políticas tenemos la política fiscal, económica y social. Son de gran importancia para el desarrollo económico de cualquier nación, estas deben ser adaptadas a las realidades de cada nación, cuidadosamente estudiada y ser aplicada con la más estricta disciplina a fin de lograr los objetivos de crecimiento económico y de desarrollo.
La política económica es una rama dirigida hacia el acondicionamiento de la actividad económica para evitar que ocurran fluctuaciones primero en los niveles de empleo y segundo los precios, así como para condiciones necesarias para el desarrollo; para que esto suceda el Estado puede implementar dos medidas principales como lo son la política fiscal y la política monetaria; además la gestión tributaria puede incentivar el crecimiento a determinados sectores, por ejemplo, otorgando exoneraciones, incentivos, etc. De este modo la gestión tributaria es un elemento importante porque va ayudar a crecer, mantener o decrecer la economía a medida que la gestión se lleve de una forma eficiente a través de estrategias planificadas. La gestión tributaria óptima es aquella en la que la política fiscal es estable y el sistema tributario eficiente, si la gestión tributaria es óptima atrae inversión lo que propicia el aumento del sistema productivo. Los principales objetivos de la política económica son el desarrollo económico, la estabilidad económica y la eficiencia distributiva, las cuales están íntimamente ligadas con el proceso productivo de la sociedad. Definitivamente la política económica aplicada en cualquier país tendrá una repercusión positiva o negativa sobre la sociedad que conforma dicho país, incluyendo empresas, ciudadanos, etc.
En cuanto a las políticas sociales para el desarrollo productivo de la nación, se debe tomar en cuenta, la creciente inequidad en la distribución del ingreso y la marginalidad de los sectores en el país, la alarmante brecha que existe entre pobres y ricos, deben constituir la primera preocupación en el marco de una adecuada administración gubernamental planificadora, no solo porque es parte de su razón de ser, sino porque la calidad del capital humano es lo que determina el desarrollo interno como la posición de un país en el escenario económico mundial. Es indispensable la intervención estatal mediante políticas sociales adecuadas, tanto para corregir las asimetrías derivadas del funcionamiento del mercado, como para compensar las rigideces estructurales económicas y sociales. Por eso necesario el crecimiento económico mediante avances sustanciales en materia de productividad y competitividad. Esto significa que la equidad social ha de convertirse en un componente inseparable del proceso productivo. El papel del Estado en la conducción de la política social, es importante reorientarla hacia sectores como la educación y salud.
El logro de un desarrollo integrador, con equidad social, único capaz de asegurar la gobernabilidad, un crecimiento económico sostenible y niveles crecientes de competitividad para una inserción creativa en la economía, implica el diseño de políticas específicamente dirigidas a superar el grave rezago social del país.
Venezuela posee un gran potencial económico, enormes reservas de petroleras y mineras, igualmente contamos con grandes posibilidades en materia agrícola, turística y manufacturera. Lamentablemente la excesiva aplicación de políticas públicas que han arrastrado con nuestra economía hasta la actual situación permite crear una mentalidad de que no somos capaces de lograr ningún avance si el Estado no interviene, debido al enorme déficit fiscal y nivel de endeudamiento, el Estado no debería continuar con políticas expansionistas y proteccionistas, debemos abrir nuestra economía a la inversión proporcionando seguridad en materia jurídica, económica y fiscal, atraer inversiones para desarrollar y explotar nuestro proceso productivo.
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