Entendemos que la expresión histórica del capitalismo se ha realizado mediante un doble movimiento, el de la expropiación de los medios de producción por un lado, y el de la adecuación-adaptación, y tolerancia relativa, del carácter no capitalista del proceso laboral doméstico, o para la subsistencia, cuyo control se da indirectamente a través del mercado. De modo que las economías de subsistencia urbana, si bien están integradas al modo de producción capitalista, mantienen cierta especificidad en algunos aspectos, pero es el mercado el que garantiza su reproducción social. Es importante señalar que, el concepto de subsunción a mi juicio es el que mejor expresa esta combinación de economías de subsistencia urbana insertas en los circuitos del capital y subordinados a su dinámica, pero con rasgos de relativa autonomía.
Desde la perspectiva marxista el empleo de subsunción directa, para el caso del capitalismo central de Inglaterra, refiere al proceso de expropiación directa de los medios de producción.
En la década de los ´80 la mundialización del mercado capitalista sepultó el debate acerca de los diversos mundos: mercado, planificación estatal, economía informal que conviven bajo la hegemonía del capitalismo. De allí que, la combinación de modalidades de producción no ha desaparecido, sino que en algunos ámbitos donde se han debilitados las relaciones mercantiles, particularmente en una parte importante de la población arraigada en la desocupación o subocupación, insalubridad, precarización habitacional y educativa, como la de los asentamientos y villas miserias, estas estrategias de supervivencia, alternativas a las capitalistas dominantes, resurgen.
Se entiende que el costo social de la reestructuración capitalista en las sociedades y economías de América Latina se hace visible en el agravamiento de la pobreza en diversos sectores. La pobreza en nuestra sociedad globalizada compulsivamente, que se activa en formas de estratificación diferenciada, fenómenos de marginación y exclusión social, conflictividad cotidiana oculta o más o menos explícita, tiene al mercado como articulador y semantizador contradictorio de la producción y reproducción de una sociedad crecientemente desempleada. Esta complejidad, admitida mayoritariamente, compromete la búsqueda de aproximaciones conceptuales que traduzcan nuestra realidad para acercar diagnósticos más realistas como condición de resultados más igualitarios.
Explicado lo anterior, el modo en que la creciente divergencia entre patrones de producción y consumo, fue generando al transcurrir el tiempo, una dependencia cultural cada vez mayor en el pueblo. De construir pacientemente esta dependencia, es condición indispensable para el éxito de cualquier proyecto de desarrollo y solo es posible a partir de la intervención del Estado. Para mi el Estado representa la relación fundamental de dominación de la sociedad capitalista. Tal posición le permite reflejar el sentido de las correlaciones de fuerzas sociales principales y hegemónicas e imponer al conjunto de la sociedad la primacía de los intereses que representa. El Estado es, entonces la expresión, por una parte, de un patrón de acumulación, que alude a las características de un modo de producción determinado por la forma de participación del Estado, la cual caracteriza las formas de dominación política y de legitimidad.
Considerar al Estado como el centro de las decisiones políticas y administrativas permite supone una gran capacidad de mediación, de autonomía relativa decisional y de instrumentación, características que se modifican en sus niveles y magnitud, de acuerdo con las condiciones históricas.
Es por ello que, las particularidades del desarrollo y de la industrialización le otorgan al Estado una doble función, las cuales van a depender exclusivamente de los recursos públicos, de la atención de las necesidades sociales, y de la promoción y sostén del crecimiento económico, y del desarrollo del capitalismo. Esto conduce a un comportamiento contradictorio del Estado. Tal comportamiento termina por definir unas características impuestas por las fuerzas sociales, con mayor poder de presión corporativa para insertarse en las estructuras decisionales. Lo anterior implica que la incorporación de aspiraciones sociales en la decisión pública se convierte en una competencia intra y extra clases. Afirmación que concuerda con lo planteado por Altvater, Elmar (1986):
“El Estado no puede ser concebido, ni como un mero instrumento político ni como una institución establecida por el capital, sino más bien como una forma especial de cumplimiento de la existencia social del capital al lado y conjuntamente con la competencia, como un momento esencial en el proceso de reproducción social del capital”. p.92.
Por otro lado, siguiendo a Carlos A. de Mattos (1987), se puede decir que la planificación, en esta época, en América Latina, estuvo orientada por tres elementos básicos que le dieron concreción: El “voluntarismo utópico”, que significó la formulación y construcción de planes con marcada inserción de la ideología del planificador y la identificación de ésta con planificación del desarrollo, orientada por la concepción estructuralista. El planificador era visto como agente de transformación y, como consecuencia de ello, tenía cierta autonomía para actuar. Esta concepción ocultaba la ideología e intereses de los sectores dominantes en la elaboración e implementación de las estrategias de un proyecto político o Plan Nacional y por ende, en la orientación del proceso de planificación.
Un segundo elemento se define como “reduccionismo economicista”, esto es una visión de la planificación, que centraba su atención en el análisis y tratamiento de variables económicas a través de instrumentos de política económica. Sin embargo, se dejan fuera de análisis las particularidades del proceso político relacionado con los conflictos de interés dentro y fuera de la estructura estatal de los distintos actores socio-políticos, debido a las orientaciones y efectos de la toma de decisiones públicas. Por último, la planificación estará marcada por el “formalismo”, el cual está referido a los procedimientos y organismos adoptados para instituir y llevar a cabo el proceso de planificación. Tal concepción dio como resultado la planificación por etapas, originada en organismos centrales de planificación. Organismos que en el tiempo expresaron un aislamiento con respecto a otras instancias y oficinas públicas, a tal extremo que llegaron a constituir islas en la compleja estructura decisional del Estado.
De igual manera la concepción de planificación sería el reflejo de las características de la economía latinoamericana. La existencia en la región de una economía mixta, que se caracterizaba por la presencia de un sector público gerente de grandes empresas y un sector privado heterogéneo y con medianas y pequeñas empresas. Pero, en definitiva sería el Estado el actor principal que asumiría la necesidades de coordinar la desigual conformación de esa economía, y el que impulsaría su desarrollo, a través de planes que dieran orden a la dinámica del espacio económico y del proceso productivo patrón de acumulación. Además, el Estado tendría que regular las relaciones con la sociedad, mediante un proceso en el cual se determinaría la dominación política y la legitimidad de la acción estatal y del sistema en su conjunto patrón de hegemonía. En este marco, que caracteriza las relaciones Sociedad-Estado en Latinoamérica, se inserta la planificación como un instrumento político de intervención del Estado en la economía y en la sociedad. Es aquí donde se produce un proceso de influencias recíprocas entre la planificación y el contexto socio-político.
Hasta épocas recientes y de acuerdo a la evolución y desarrollo particular de la participación en las estructuras de decisión estatal, la planificación se concentró en la elaboración de planes cortoplacistas, que daban soluciones técnicas a problemas coyunturales de balanza de pagos, y de planes de mediano y largo plazo, que resolverían desequilibrios sociales referidos a la producción y distribución, con la intención de lograr desarrollo con bienestar (Graciarena, 1990). De forma que, la práctica de la planificación en Latinoamérica estaría orientada por el deber ser y por la norma ante el cálculo predictivo para poner énfasis en la velocidad del crecimiento económico y posteriormente sobre problemas estructurales que lo obstaculizaban.
Esto quiere decir que, la conformación heterogénea de la estructura del Estado en Latinoamérica y las marcadas divergencias en los intereses de los actores y sectores políticos que participan en la toma de decisiones, representa para la planificación una restricción que se vincula con la puesta en práctica de cualquier proyecto o plan. Si en el proceso de elaboración de los planes de desarrollo se omiten las repercusiones en el estado, de las contradicciones y crisis de los sectores hegemónicos, estos tendrán una viabilidad relativa sustentada en pactos de élites que generan un equilibrio inestable y están determinados por circunstancias político-económicas favorables en un momento determinado. De manera que, los planes de desarrollo nacional en Latinoamérica no han reflejado la existencia de oponentes potenciales dentro y fuera de la estructura de decisión estatal, y tampoco la heterogeneidad de los sectores dominantes. Por esta razón, la viabilidad socio-política de los planes ha quedado limitada al corto espacio temporal de implementación y al reducido apoyo social a las estrategias de desarrollo socio-económico propuestas por el Estado en América Latina.
Los enfoques de planificación, aplicados en América Latina, la viabilidad de los planes de desarrollo ha estado limitada por no considerar el rol objetivo o real del Estado y el tipo de crisis al cual se ha visto sometido. Estos factores son importantes para la viabilidad del método de planificación y de sus propuestas de intervención socio-económica. Ello implica que, en contradicción con las condiciones necesarias para la viabilidad de la planificación y los Planes, se ha omitido el análisis de las relaciones entre Estado-planificación pero se ha homogeneizado, en el conjunto de Latinoamérica, el rol del Estado y la instrumentación metodológica de la planificación, obviando las características particulares del comportamiento del Estado y sus relaciones con la sociedad, de acuerdo con las especificidades de una determinada formación económico-social y sus relaciones externas. Contraria a esa concepción y refiriéndose a la necesidad de un enfoque histórico para la planificación, Giordani (1987) plantea:
“La estructura económica como una referencia para analizar la relación entre poder de los partidos políticos por su capacidad de presentar una propuesta global para la sociedad y los grupos económicos que expresan sus intereses a través de presiones específicas y planificación y entre la naturaleza del estado y las características de la planificación.” p.50.
Otra condicionante de la viabilidad de los proyectos políticos lo constituye el origen y contenido de los mismos. Siendo los planes de desarrollo la expresión de los sectores sociales hegemónicos en un momento histórico determinado, así mismo, han de contener los patrones del desarrollo que ellos aspiran, en concordancia con sus intereses y su preservación en el tiempo. Ello no implica que la estructura y contenido de dichos planes no sea susceptible de modificaciones derivadas de las contradicciones y lucha de intereses en la sociedad capitalista, pero los cambios de que puedan ser objeto no van más allá de reformas para sobrepasar las situaciones de incertidumbre y mantener el statu-quo. En este sentido, cabe señalar las apreciaciones de Solari, referidas por Mattos (1987)
‘…si el sistema político opera por la vía de continuas y sucesivas negociaciones entre diversos sectores sociales, el proyecto político prevaleciente queda expuesto a cambios de rumbos de variable trascendencia, aunque es probable que en tales condiciones no exista una base u orientación más o menos inamovible en torno de la cual se producen ajustes de distinta naturaleza.’
Los planteamientos antes expuestos no significan, en modo alguno, un marco rígido de impedimentos permanentes para el logro de la viabilidad de los planes de desarrollo en América latina. Son, más bien, señalamientos que no pueden ser desdeñados a la hora de proponer y establecer parámetros y variables para el cálculo de viabilidad en cualquiera de sus dimensiones: física, institucional, social, económica o política. Sin embargo, serán las condiciones particulares de la dinámica de los sistemas sociales y las circunstancias concretas del desarrollo histórico de la sociedad latinoamericana, las que podrían determinar las características y orientaciones necesarias que habrán de asumir el cálculo y la búsqueda de viabilidad de los planes nacionales de desarrollo.
El desarrollo de la planificación en Venezuela está ligado al devenir de su economía petrolera, la condición de gran distribuidor de excelente petróleo que tiene el Estado, lo lleva a asumir responsabilidades que se traducen en un importante grado de intervención en la economía.
La revelación del petróleo para Venezuela se ilustra por su incidencia en las variables macroeconómicas, su importancia llega a ser tal que determina la existencia de un país dual en su funcionamiento.
En el caso venezolano la Constitución de 1961 no sólo atribuía al Estado la mayor responsabilidad sobre el desarrollo y el crecimiento, sino que además señala la planificación como el instrumento más idóneo para ejercer dicha responsabilidad. Si bien la Constitución admitía claramente la vigencia de una economía mixta con preponderancia de iniciativa privada, la planificación era entendida como un paso más en la acción económica del Estado.
Después de las elecciones de 1998, en el año 1999, se inicia el Proceso Constituyente con la aprobación de un referendo de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y la elección de los representantes a la misma. Este largo e intenso proceso culmina con la aprobación por referéndum de la Constitución de la República Boliviana de Venezuela, el día 15 de diciembre de 1999.
En la actualidad, Venezuela tiene un nuevo marco constitucional y está en el proceso de creación, reformas y adaptaciones de los diferentes instrumentos legales al espíritu y razón de la nueva constitución. En ese sentido, el ente rector de la planificación en nuestro país el Ministerio de Planificación de Desarrollo y Finanzas y su Sistema Nacional de Planificación, están en la obligación, en el ámbito de sus competencias, de impulsar y consolidar el nuevo orden económico y social de la República, sustentado en una economía mixta, donde interactúen los sectores públicos y privados bajo la rectoría del Estado, con la finalidad de lograr un desarrollo económico--social sostenible, donde la equidad social es fundamental para garantizar a las mayorías nacionales acceso en condiciones de calidad a la salud, a la educación, al trabajo, a un salario justo a una vivienda digna, etc. El nuevo modelo societario propuesto, está enmarcado en la consolidación de un nuevo tipo de Estado de justicia, federal y descentralizado, donde la democracia debe ser participativa y protagónica, que tiene como centro al ser humano.
En consecuencia, en una breve síntesis, se podrían definir algunas directrices estratégicas del Estado:
En lo político: Revolución Democrática (cogestión de lo público); Transformación del Marco Institucional (Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia); Institucionalización de la V República (promulgación de leyes: Ley Orgánica de Administración Pública, Ley de Carrera Administrativa, Ley Orgánica de Hacienda Pública, Ley del Consejo Federal de Gobierno y Ley de Descentralización –Federalismo Cooperativo, Simplificación de los Procedimientos Administrativos; Modernización de la Administración Pública); el Estado que queremos: más rector y director de políticas que ejecutor.
En lo Económico: Economía humanista, auto--gestionaría y competitiva; el ser humano como centro del desarrollo; Preservación del medio ambiente; democratización económica; formas organizativas alternas (cooperativas, asociaciones); Diversificación de la producción; Plan de infraestructura y ordenamiento territorial; Desarrollo científico y tecnológico; acción complementaria entre Estado y mercado; Modelo pentasectorial; Empresas Básicas y estratégicas: energía, minería, hidroelectricidad; Bienes de consumo esenciales: infraestructura, agrícola, turismo, electricidad, pequeña y mediana industria, comercio, telecomunicaciones y ciencia tecnología; Servicios esenciales y gobierno: educación, salud, seguridad y recreación; Banca y financias; intermediación financiera; y la Gran Industria: industria exportadora.
En lo Social: Redes socialese, democracia participativa; nuevo modelo de gestión pública; integración social; corresponsabilidad; cohesión social y desarrollo humano integral.
Estos elementos constituyen la configuración básica para la planificación en sus diferentes ámbitos espaciales y temporales en Venezuela. Por lo tanto, siendo la planificación el proceso por excelencia para la racionalización de las acciones del Estado a través de organizaciones estructuradas que articulen la interdisciplinariedad, pertinencia, oportunidad, factibilidad, así como, la utilidad e impacto social necesario para llevar adelante las transformaciones que exigen los nuevos tiempos, con una clara noción del futuro, y de los objetivos y metas a alcanzar.
Si bien está realidad nacional establece nuevas coordenadas para la acción del Estado venezolano, no es menos cierto que la Planificación ha estado sujeta a grandes y recientes cambios en su concepción metodológica, en donde, la capacidad de conducción estratégica del Estado, reside fundamentalmente, en concebir dichos procesos en sus dimensiones estratégicas, emergiendo el uso de métodos y herramientas como los escenarios, análisis socio político de actores, entre otros, para enfrentar la complejidad, incertidumbre y el conflicto que caracteriza el entorno nacional e internacional en el cual nos desenvolvemos cotidianamente.
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